Libertad de culto en tiempos de restricciones de libertad

Ante todo es necesario recordar en primer lugar muy sencillamente cuál es el contenido del derecho de libertad religiosa, que como de casi todo en nuestros días, se habla mucho sin saber su contenido exacto.

Luego podemos ver cuáles son los límites que tiene dicho derecho de libertad religiosa y si son legítimamente aplicables y en qué medida las medidas de restricción de libertad impuestas por las autoridades civiles en el ámbito del ejercicio del derecho de libertad de culto con motivo de la pandemia del Covid 19.

Qué es el derecho de libertad religiosa

El canon 748 nos sintetiza la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el derecho de libertad religiosa. Así el § 1 nos dice que “todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios y a su Iglesia y, una vez conocida, tienen, por ley divina, el deber y derecho de abrazarla y observarla”.

Por su parte el § 2 nos completa la idea: “a nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia”.

En consecuencia, vemos que los derechos humanos tienen habitualmente una contrapartida de obligaciones. Uno tiene no solo el derecho a practicar su propia fe, sino que está obligado en conciencia a hacerlo. Por lo tanto libertad de culto o libertad religiosa no quiere decir que nadie está obligado a vivir según la fe, o que todas las religiones son iguales y es lo mismo practicar una que otra. Nada más lejos de la verdad. Como nos enseñó el Concilio Vaticano II, ”todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión”[1].

Esto tiene su fundamento en que “Dios mismo ha dado a conocer a todo el género humano el camino por el cual sirviéndole a Él, pueden los hombres salvarse y ser bienaventurados en Cristo[2]”. La riqueza del don de Dios es tan grande que el hombre cometería un gran desprecio a Dios si no hace todo lo posible por conocerlo y participar de la grandeza a la que Dios le llama. Y, como dice la Escritura, “porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son conocidos mediante las criaturas. De manera que son inexcusables[3]”.

¿Y por qué dice el Concilio que ese deber nos obliga “en primer término respecto de la religión”? Porque está en juego el destino eterno del hombre, que es lo único definitivamente importante en la vida humana: ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por lo tanto, si Dios se ha manifestado a todos los hombres en Jesucristo, es evidente que la Iglesia debe “promover la obediencia a la fe, para gloria del nombre de Jesucristo en todas las naciones[4], por lo que todo hombre, aunque todavía no haya sido constituido persona in Ecclesia por el bautismo, es miembro potencial de la Iglesia y tiende a la plena incorporación en ella. De algún modo tiene alguna relación ante la Iglesia y con la Iglesia, lo cual constituye un deber y un derecho de importancia jurídica fundamental, que ha ser ejercido ante los legítimos representantes de Dios en la Iglesia y defendido ante cualquier obstáculo que ilegítimamente pueda presentar el poder civil o cualquier otro.

Límites del derecho de libertad religiosa

Ahora bien, y entramos en el punto siguiente, la verdad sobre Dios y su Iglesia ha de alcanzarse “del modo exigido por la dignidad de la persona humana y su naturaleza social: con libre indagación, con ayuda de un magisterio o de una instrucción, de una comunicación y un diálogo, mediante los cuales se exponen unos hombres a otros la verdad que han encontrado o que piensan haber encontrado para que unos a otros se ayuden mutuamente en la búsqueda de la verdad[5]”.

Por eso el Concilio proclama que la libertad religiosa “consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. (…) Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil[6]”.

Al menos algunas de las verdades que la Iglesia conoce desde la Revelación sobrenatural, sobre el derecho y deber de la libertad religiosa, forman parte también del acervo de sabiduría de muchas culturas. En concreto, en nuestro mundo contemporáneo, después de la experiencia de los totalitarismos y los consecuentes atentados masivos contra los derechos humanos más elementales, empezando por la falta de respeto a la vida y a la propiedad de las personas, la humanidad estimó necesario hacer un elenco de los derechos y deberes humanos en la Declaración de Derechos Humanos proclamada en 1947 por la ONU, donde fue recogido el derecho a la libertad religiosa[7].

En concreto la Constitución Española de 1978 reconoce en su Art. 16 que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”[8]. Además el Estado Español, en su Acuerdo de 1978 sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede, por una parte “reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio”[9].

Es, pues, contrario al derecho a la libertad religiosa, que una persona sufra coacción por parte del Estado para abrazar o realizar el acto de fe o para impedírselo.

Pero además, el otro fundamento de este principio de libertad religiosa es la incompetencia del Estado respecto a la verdad religiosa, de manera que el poder civil, por una parte, no puede obligar o prohibir la participación en los actos religiosos en cuanto tales, por otra tiene la obligación de reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos, creando las circunstancias favorables para el ejercicio de la misma.

Se debe fundamentalmente a la revelación sobrenatural, al pensamiento judeocristiano, la separación bien entendida del poder religioso y del poder civil, pues es tendencia habitual en muchas religiones y culturas reunir en una misma mano el poder civil y religioso, mezclando los campos. La neta separación y diferenciación, aunque en un espíritu de colaboración, de las dos esferas de poder, es obra del cristianismo.

El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana, y por ello, su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan

Pero, como también recoge la enseñanza del Concilio Vaticano II, este derecho, como todos los derechos, tiene sus límites: “el derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y, por ello, su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan. En el uso de todas las libertades (…) cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Con todos hay que obrar según justicia y humanidad[10]”.

En concreto el Concilio Vaticano II nos da el siguiente criterio que nos puede orientar mucho en la situación actual especialmente delicada. En efecto, afirma el Concilio que la libertad de culto “debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea[11]”.

En principio a pesar de la situación de pandemia, el Estado no tiene potestad para anular la libertad de culto, si bien sí puede imponer que en el ejercicio del mismo se guarden ciertas condiciones que estén realmente dictadas por la ciencia y prudencia médica y científica para dificultar los contagios y evitar la propagación de la epidemia.

Resulta evidente también que esas condiciones tienen que ser objetivamente verdaderas y que deben ser consensuadas con la autoridad eclesiástica, a quien compete la regulación normativa del culto público, no al Estado.

El ejercicio de la religión es la dimensión más profunda de la persona y no puede ser relegado a un rincón, como algo puramente prescindible.

Estimamos que también es muy importante a la hora de considerar las posibles restricciones a la libertad de culto recordar, siguiendo al Concilio Vaticano II en los textos ya citados, que el ejercicio de la religión no es algo meramente privado y de carácter secundario para el bien social y personal, sino que es la dimensión más profunda de la persona y no puede ser relegado a un rincón, como algo puramente prescindible. Si incluso en los momentos en que la pandemia ha golpeado más fuertemente a nuestra sociedad no se han suspendido las actividades fundamentales de la sociedad, entre ellas ocupa un lugar de primer orden el ejercicio del culto, que es el único que permite mantener la esperanza y ofrecer los auxilios absolutamente necesarios a los creyentes –e incluso a menudo a los no creyentes para superar esta situación tan grave y para asumir con la dignidad debida la muerte o el sufrimiento ínsito en el padecimiento de la enfermedad.

No podemos terminar sin recordar que precisamente la supresión o la reducción al mínimo de la libertad de culto no hace sino privar a la Iglesia y a la sociedad en su conjunto del medio más eficaz para librarles de los males de las epidemias, pues no son pocos los casos históricamente comprobados en que por la celebración de los sacramentos o por la invocación de los santos se han alejado las epidemias de pueblos y ciudades y no han faltado en esta epidemia fenómenos similares que nos deben ayudar a encontrar las soluciones adecuadas con los criterios que la Iglesia nos ofrece y hemos recordado.

Juan Manuel Cabezas Cañavate
Facultad de Derecho Canónico UESD


[1] Dignitatis Humanae núm. 2.

[2] Dignitatis Humanae núm. 1.

[3] Rom 1, 20.

[4] Rom 1, 5.

[5] Dignitatis Humanae núm. 3.

[6] Dignitatis Humanae núm. 2.

[7] Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

[8] Artículo 16: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

[9] Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, Art. 1, 1.

[10] Dignitatis Humanae núm. 7.

[11] Dignitatis Humanae núm. 7.

3 comentarios en «Libertad de culto en tiempos de restricciones de libertad»

  1. Muy oportuno y clarificador el artículo, muchas gracias.

  2. Fantástico artículo. Y muchas gracias por su labor siempre humilde y al servicio de Cristo y de los demás, especialmente en este tiempo tan complicado por su ejemplo en el ejercicio de su ministerio sacerdotal.

  3. Perfecto

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